La legislación actual permite a la DGAIA y demás instituciones de "protección a la infancia" arrebatar custodias y tutelas de niños sin necesidad de orden judicial. Los jueces son los funcionarios. Ellos, sobre sus papeles, interpretan y deciden. Temen perder su puesto de trabajo, por tanto, consienten, obedecen (¿a quién?) y estampan sellos guillotinadores sobre los expedientes de "menores en riesgo". Ese "riesgo" también lo deciden ellos, puesto que su potestad es absoluta.
La penalización de la pobreza pasa por un cúmulo de entramados legales que no contemplan el clima moral del asunto excepto para quedarse con los menores. Cuanto más pequeños, mejor. Aunque he tratado el tema en muchas ocasiones, lo resumiré brevemente: Siéntate a pedir ayuda en los Servicios Sociales. Como tengas hijos, te los van a quitar. Primero pasarán por seis meses "de acogida" en un hogar familiar. Esos "padres" cobran una cantidad importante que se le niega a la madre biológica. Esta, en seis meses, tendrá que demostrar que tiene casa y trabajo : Justo lo que la mayoría de los españoles no tiene y por lo que pidió ayuda a los Servicios Sociales. Pasados esos seis meses de acogida, el menor entra en proceso de adopción. Así de claro. Todo legal. Sin una sola coma desperdiciada ni letra pequeña.
Por otro lado, los centros de menores (privatizados) cobran hasta tres mil euros por menor interno, que no sueltan hasta la mayoría de edad. Los jóvenes no consumen esos tres mil euros. Van a colegios públicos y visten ropa de segunda mano. Eso sí, cuentan con un despliegue de psicólogos, psiquiatras, educadores sociales y asistentes, que cobran sueldos considerables. Insisto: Sobre el papel, todo legal.
Los padres biológicos de los niños tutelados continúan batallando sus miserias y acuden a comedores sociales, acusando un deterioro moral incalculable, así como el de sus hijos, psicológicamente destrozados.
"Llegan muertos de miedo. Allí no se les da cariño. Comen bien y duermen en cama caliente. ¿Eso es todo?...No. No se puede separar a un menor de sus padres solo porque son pobres". Así se expresa un ex trabajador de la DGAIA que no quiere dar su nombre.
"Nadie hablará. Los funcionarios tienen pánico a perder su puesto de trabajo. La mayoría, traga. Solo unos pocos, contados, decidimos dejarlo antes de continuar colaborando con todo este entramado. Hemos sido los presos burocráticos de un sistema que vulnera los derechos de los niños, la materia prima que nutre a muchísima gente, desde las madres de acogida, que algunas viven de esto, hasta los centros de menores".
¿Dónde queda el trasiego de bebés robados de Sor María Gómez Valbuena?... ¿Habrán sido ellos y ellas, monjas, curas y médicos, los grandes maestros de una trama chapuza que contiene -todavía- hasta trescientos mil niños robados?. He aquí la perfección hecha institución, el modelo de robo legal de niños, basado en el antiguo patrón de una pobreza "moderna" e inocente que tenía esperanzas en los Servicios Sociales. A la mujer maltratada se le aconseja llevarse bien con su maltratador. Hombres presos por violencia de género reciben visitas de sus hijos en la cárcel. Padre patrón, sea quien sea y haga lo que haga.
En la planta de neonatología de los hospitales, los Servicios Sociales están al acecho de recién nacidos "en riesgo" para ser separados de sus madres tras el parto. No, no les dicen que el niño ha nacido muerto. No necesitan mentir. Se los llevan con todo el peso de su ley, para matar emocionalmente a las madres biológicas, que se defenderán débilmente mientras batallan cómo pagar su alquiler o el desahucio inmediato.
Para la mayoría, todo esto queda muy lejos. Forma parte de un margen que no les corresponde, el escenario del pobre, de un desamparo que se activa sobre los adultos para "proteger" niños que nunca más volverán a tener el abrazo de la madre que los parió.