Retiradas de custodia en manos de los servicios sociales

"El servicio de menores defiende los valores y costumbres que el Estado considera importantes, los de las clases acomodadas". Lo afirma Javier Martín, psicólogo del servicio de menores de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta de Galiza.

Un nuevo manto moral se extiende sobre las menores embarazadas, cuestionadas y fiscalizadas por la forma de vestir, el número de tatuajes, su corte de pelo y los novios que ha tenido o tiene. Un desamparo que parte del malvivir estampado en sus informes, camino del coro al caño pasando por psicólogos, psiquiatras y sus centros de acogida, en los que se separa a los hijos de padres que los quieren. En 1987, el desamparo dejó de estar en manos de jueces. Los servicios sociales actúan al respecto. Ellos juzgan, ellos sentencian y ellos mandan. Su método protector separa a los hijos ante todo, dejando en segundo plano la intervención familiar. Sorprendentemente, las órdenes religiosas dependientes de dichos servicios son las mismas que estuvieron auspiciadas en un pasado más que reciente al Patronato de Protección a la Mujer, disuelto en 1984. Oblatas y Adoratrices acogen jóvenes embarazadas en sus conventos, extendiendo el correspondiente informe conductual que las sentencia ante los servicios sociales; instalados -por cierto- en sus dependencias, con despacho activo y horario de trabajo vigente. Esa relación tan sumamente estrecha provoca la acción-reacción: Tú no estás capacitada para ser madre porque lo digo yo y los trabajadores, psicólogos y educadores sociales que tengo al lado, lo confirman.

Los niños se entregan a familias de acogida a las que se les paga una cantidad mensual. Cantidad que se le niega a la desamparada pobre para salir adelante mientras inicia una nueva tragedia personal que conlleva -en la mayoría de ocasiones- diversos trastonos mentales que serán -cómo no- debidamente atendidos para diagnosticar cualquier alteración mental que suma y sigue al desamparo, la pobreza, la incapacidad y la más flagrante de las injusticias.

Una forma de robo encubierta y completamente legal que alimenta el exterminio familiar. Modelos de familias monoparentales poco cómodas y socialmente mal vistas. Mujeres jóvenes cuya independencia económica lucha a brazo partido contra los servicios sociales.

El método europeo al respecto, muestra cómo en Alemania se retiraron más de setenta mil custodias durante 2009. En Francia, más de ciento diez mil durante 2008. En Finlandia, diecisiete mil en 2011. Trescientos mil en Suecia durante 2012. Y en Noruega, al parecer, se ha trazado un plan con claros objetivos: Cuántos niños de barrio o marginales hay que "salvar".

Los centros, casas de acogida e internados, en España se han privatizado, por lo que algunos llegan a percibir hasta 3.800 € mensuales por menor custodiado. Un negocio que no dejarán escapar fácilmente, mientras los menores internados sí escaparán, por las malas, al mínimo descuido de los educadores. Mientras tanto, sus madres, entregadas a una medicación psiquiátrica que las atonte para poder soportar lo insoportable, les lloran cada día, cada minuto, cada segundo. Porque no las juzgó cielo alguno. Lo han hecho los servicios sociales.