Los abogados de los presos polÃticos le leen la cartilla a los jueces del Tribunal Supremo
Los abogados de los presos polÃticos han tenido que recordar a los magistrados del Tribunal Supremo que son jueces y no salvapatrias
Actualidad | 12 de febrero de 2019Pere Borrà s
La abrumadora cantidad de derechos fundamentales que han sido violados expuesta por parte de los abogados sacaría los colores a cualquier persona decente. Se ha hablado de irregularidades en el acceso a los documentos necesarios para la defensa, el rechazo de pruebas y testigos fundamentales para su defensa, el trato que dificulta la construcción de la misma y la evidente falta de imparcialidad de los jueces, entre muchas otras. Se ha llegado a tener que pedir que no se aceptara el lanzamiento de aviones de papel como prueba de violencia.
Far West del S.XXI
Así ha sido calificado por Van Den Eynde, el abogado de Junqueras y Romeva, el complejo entramado de criminalización de sus clientes, como las irregularidades del juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona, la actuación de C's con la gira su autobús por toda España reclamando que no se indulte (dando por hecho, con ello, un veredicto de culpabilidad antes del juicio), y la absoluta carencia de presunción de inocencia de los acusados.
Unir causas
Por su parte, Xavier Melero, abogado de Forn y Borràs, se ha centrado en las facilidades que procuraría unir la causa con la del Major Trapero, tratándose del mismo caso. Con la separación en dos casos solamente se plantean escenarios en que un acusado en una causa tenga que comparecer en la otra como testigo. Unir las causas, facilitaría aclarar muchos puntos que en estos momentos no son claros.
Falta de imparcialidad
En su argumentalmente densa pero clara intervención, Jordi Pina, abogado de Rull, Sànchez y Turull ha hecho referencia a la instrucción del caso por el juez Pablo Llarena en la que se presenta como víctima de la causa, circunstancia que subraya el carácter subjetivo de esta y que podría invalidar la totalidad del proceso.
Ha cuestionado también la parcialidad del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, que en un perfil falso de Twitter habría expresado claramente una postura parcial durante la instrucción del caso durante la cual redactó los informes que llevaron a sus clientes a prisión por rebelión. En este sentido, lamenta que se haya desestimado la investigación al respecto y se aceptan como prueba los tweets contra Sànchez aportados por Baena a la vez que se rechazan los que aporta él como prueba de su carácter pacifista. Con todo estro presente, ha pedido a los magistrados que actúen como jueces y no como salvadores de la patria.
Irregularidades manifiestas
Su colaboradora, Ana Bernaola, ha recriminado la irregularidades para acceder a la documentación necesaria para la defensa en el sistema informático por parte de las defensas, problemas que las acusaciones no han tenido, así como las contradicciones en las explicaciones dadas y las dificultades para poder disponer de la información a tiempo, colocando a la defensa en clara situación de desventaja objetiva, violando así otro derecho fundamental de sus clientes.
En la linea de la disponibilidad de información, ha lamentado que se les negara el acceso a los informes médicos sobre las supuestas lesiones de los agentes del 1-O en los que se sustenta parte de la acusación contra sus clientes, barriendo la posibilidad de contextualizar la acusación, denunciando que las razones expuestas para negar tal acceso son fácilmente salvables como ha ocurrido en contadas ocasiones equivalentes en causas anteriores.
Derechos y delitos
A continuación, y tras una pausa para comer, el exdiputado y abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha lamentado que todas las imputaciones contra su representado se dirijan al ejercicio de derechos fundamentales tratándolos como crímenes, mandando de esta forma el mensaje de que el ejercicio de derechos puede ser castigado, vaciando así de contenido el sistema democrático. Ha denunciado también los abusos por parte de la fiscalía en la manifiesta parcialidad volcada en sus escritos, poniendo como ejemplo de ello que 50 páginas de estos hablan exclusivamente de lo que en realidad fueron manifestaciones pacíficas, algo que, como ha dicho, es un derecho. Manifestando el nivel de surrealismo al que ha llegado la acusación ha tenido que llegar a pedir que no se admitiera el lanzamiento de aviones de papel como prueba de violencia. Sobre este discurso ha advertido que esta violación de derechos no es sobre la que debería abrirse la causa y que si el juicio empieza así "el sistema de derechos y libertades entrará en un universo de riesgos irreparables y desconocidos".
Idioma y trato discriminatorio
En una dilatada exposición Olga Arderiu, representando a Carme Forcadell, ha manifestado la conveniencia de celebrar el caso de la expresidenta del Parlament de la Generalitat con el resto de la mesa para evitar los conflictos relacionados con el uso del idioma, poniendo el acento en que, además, los actos cometidos por ella son los mismos que los de los imputados del resto de la Mesa juzgados en el TSJC, no viendo por tanto con ello sentido que a estos se les impute un delto de desobediéncia y una pena de inhabilitación mientras que para ella se pidan 17 años de prisión por un delito de rebelión. Se ha cuestionado también por qué la Sra. Forcadell entró en prisión preventiva cuando hasta entonces había cumplido a rajatabla todas las condiciones que se le habían impuesto y tras la retirada de su pasaporte.
La rebelión es otra cosa
Las dificultades impuestas a las defensas también han sido parte de la exposición del abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, que ha puesto como ejemplo que le dieron dos horas para poder analizar 99 páginas de la interlocutoria contra su cliente, así como que solamente le aceptaron 20 de las diligencias solicitadas mientras que al Ministerio Fiscal se le aceptaron todas, 200 en total. Tras esta reclamación, ha comparado la operación Galaxia del 23F donde sí existieron ingredientes de violencia e intento de derrocar un gobierno necesarios para dictaminar un delito de rebelión como "rebelión armada en Madrid con ramificación a toda la nación, ocupación de puntos neurálgicos, cortes de circulación, unidades de artillería...", etcétera, con lo sucedido en Catalunya, que no tiene nada que ver. Esgrimiendo los mismos argumentos que Arderiu, no entiende la situación de prisión provisional para su cliente habiendo esta cumplido con todas las condiciones que se le impusieron para la libertad condicional, haciendo hincapié en que cuando se la citó estaba en Bélgica y aun así acudió a la cita.
VOX flipa
En su turno, Judit Gené ha expuesto que la acusación de VOX contra su cliente, Meritxell Borràs, "se ha extralimitado" usando el delito de "organización criminal", tras haber sido excluida de los delitos de rebelión y sedición, a causa de que su firma aparece en el decreto de convocatoria del referéndum.
Yo no he sido
Finalmente Josep Riba, el abogado de Santi Vila ha argumentado que en el momento de la proclamación de independencia su cliente ya no formaba parte del Parlament por haber dimitido de su condición de diputado con anterioridad al no estar de acuerdo con tal actuación.
Una exposición de irregularidades y atropellos que al poco rato de terminar, por ejemplo, han empujado a la BBC a titular que lo que se está juzgando, en realidad, es la propia justicia española.
