La ya conocida como "ley mordaza" que el gobierno pretende aprobar, ahoga la protesta ciudadana criminalizándola y, con ello, la posibilidad de que los individuos, indignados con motivo, sientan cuántos más como ellos legitiman su indignación.
Si la protesta es molesta, más debe serlo aquello que la origina, pues los ciudadanos tenemos cosas más importantes y apetecibles que salir a la calle a decirle al gobierno que lo está haciendo peor que mal. Si la libertad queda reducida a la elección del canal de televisión que deseamos ver, aun cuando este tampoco sea del todo libre a la hora de exponer la realidad, no hay libertad.
Para mayor acojone, interior guardará los "antecedentes" de los multados, que al serlo por vía administrativa no contarán con las garantías legales suficientes y que podrán olvidarse de recurrir si no tienen los entre 360 y 2.750 € que costará hacerlo (abogado y procurador no incluidos, esos a parte).
Resulta paradójico, pues, que al disparate lo bauticen como "ley de protección ciudadana" cuando es en realidad una ley de protección de los políticos y la policía frente a los ciudadanos.
Que los ciudadanos no puedan expresar pacíficamente su indignación, que no puedan registrar las actuaciones de la policía cuando esta se excede en su comportamiento, como cuando les da por torturar y esas cosas (que ya viene siendo molestamente normal), no puede sino terminar en tragedia. Si los vapores del cabreo de la sociedad no encuentran salida en forma de protesta pacífica, como en una olla a presión, esta puede estallar. Y cuando no queda la protesta pacífica... queda la otra, Dios no lo quiera.
No tenemos pan, pero tampoco brioche, y ya se sabe cómo terminan estas cosas, que para eso está la historia.
Por supuesto, existe una campaña de firmas contra este despropósito:
https://www.change.org/es/peticiones/gobierno-de-espa%C3%B1a-no-a-la-ley-mordaza