Paulino Rivero

Paulino Rivero

A las puertas de un cambio en el Gobierno del Estado -ocurra lo que ocurra el 20-N, el Gobierno será otro-, cabe recordar que es necesario que en la próxima legislatura se atiendan, entre otras, dos cuestiones. De una parte, es fundamental que a partir del 21 de noviembre en España se den los pasos que la sociedad está demandando para salir de la crisis política que en los últimos años está entorpeciendo -cuando no bloqueando- una salida a la crisis económica. Crisis política, sí. Porque en esos términos cabe referirse a la incapacidad para alcanzar acuerdos que la extrema dificultad de la situación económica -y social- reclamaba y reclama a gritos.

Actualidad | 29 de octubre de 2011
Jonathan Ferrera Tabares

Que en los últimos cuatro años no se hayan logrado esos grandes acuerdos -pactos de Estado- ha constituido un fracaso de la política, de los políticos, de los partidos. Un fracaso de todos, en definitiva. Como ya he apuntado en alguna ocasión, ¿cómo es posible que en los años setenta se aparcaran las delicadísimas diferencias existentes y ahora, con décadas de recorrido democrático, la política se haya mostrado incapaz de dejar a un lado los desencuentros y los intereses de partido? Lo que se ha vivido en España en la última legislatura ha sido una crisis política, y mientras no se salga de la crisis política no se saldrá de la crisis económica.

De otra parte, es imprescindible que el próximo Gobierno del Estado no caiga en el error de gobernar dando la espalda a las restantes fuerzas políticas o a las comunidades autónomas; o lo que es lo mismo, a los planteamientos y a las reivindicaciones de los diferentes territorios, especialmente de Canarias.

A las nefastas experiencias de las mayorías absolutas me remito -malas experiencias para España y malas también para los partidos que cometieron el error de `equivocarse absolutamente´, pues acabaron pagándolo en las urnas-.

Ahora bien, si malos resultados trajeron consigo las posiciones inflexibles y la falta de diálogo en otras legislaturas, en la coyuntura actual un Ejecutivo que gobierne dando la espalda y desatendiendo al resto de los grupos parlamentarios, a los agentes sociales o a lo que se plantea desde determinados territorios del Estado, se convertiría en el responsable primero de de las tensiones sociales y territoriales que esa actitud generaría.

Sea cual sea el resultado del 20-N, en lo alto de la agenda del nuevo Gobierno debe estar evitar el recrudecimiento de las tensiones en esa doble vertiente -social y territorial-, y eso pasará por demostrar flexibilidad, respeto institucional y compromiso.

En las últimas semanas, desde Cataluña se está insistiendo en la reclamación de un nuevo pacto fiscal. Por nuestra parte, desde Canarias seremos firmes en la reivindicación de la necesidad de un sistema de financiación específico para las Islas -al margen del marco genérico por el que se rigen las distintas comunidades autónomas- así como de la puesta en marcha de medidas que den respuesta a las dificultades añadidas con las que un territorio de nuestras características se ve obligado a hacer frente a una crisis global.

Ahora más que nunca, el próximo Gobierno del Estado debe tener muy presente que Canarias debe ser asunto de Estado o se convertirá en un problema de Estado.

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