¿Puede la nueva configuración política romper España?

¿Puede la nueva configuración política romper España?

La política española a punto de ebullición: El cocktail de hechos históricos sin resolver con los nuevos algoritmos de información.

Editorial | 05 de enero de 2020
Isaac Villavecchia

Tras un debate de investidura situado en un marco de singular excepcionalidad, paradójicamente como consecuencia de la pluralidad de causas que lo han convertido en excepcional, estamos a punto de ver cómo España logra, finalmente, configurar un gobierno tras un año operando en funciones.

Pero no ha sido fácil, no ha sido discreto y, ni de lejos, hay visos de que los próximos cuatro años vayan a ser un remanso de  paz. A lo largo de la próxima legislatura, vamos a asistir a algo más parecido a una montaña rusa.

Eso se debe a la nueva configuración del Congreso de los Diputados y la diferentes formas con que sus distintas bancadas entienden la forma de hacer política e incluso la concepción de la propia España.

Si bien muchas voces no han mostrado evolución en su forma de hacer política, llegando incluso a caricaturizar la manera habitual hasta ahora de trabajar en el Congreso, también hemos asistido a un interesante cambio. Dos, en realidad.

Uno de dichos cambios se introduce en un análisis más en profundidad para afrontar las diferencias, estudiando sus conceptos, sus causas y, sobretodo, estrategias orientadas más a solucionar problemas que a simplemente, como hasta ahora, parchearlos. Este cambio es el que abraza lo que probablemente sea una de las partes del congreso con que se formará gobierno.

Por el otro lado, lamentablemente, también hay una parte (no toda) de la que será la oposición que ha cambiado su paradigma de practicar la oposición: la judicialización de la política.

Esto último presenta un grave peligro, puesto que si las decisiones de gobierno se ven lastradas por poderes no electos democráticamente, la forma de gobierno deja de ser, consecuentemente, democrática, y el gobierno pasa a estar, de facto, en manos de los jueces. No digo con ello que el gobierno no deba someterse a la legalidad. Por supuesto que debe hacerlo. El gobierno, sobretodo el gobierno, debe respetar la ley y someterse a ella.

Por desgracia, cuando hablo de judicialización de la política, me refiero a una judicialización a la española, en la que la ley se aplica únicamente cuando el poder judicial lo decide y, lo que es peor, en una caprichosa interpretación de las leyes que ya ha dado más de una sorpresa a otras formas de entender la justicia más extendidas, habiendo dado buena cuenta de ello recientemente, por citar solo algunas, las justicias belga, alemana, suiza, británica, e incluso la máxima instancia judicial de la Unión Europea.

Las causas de la singularidad

Volviendo al asunto, la singularidad de la actual configuración de gobierno se debe paradójicamente a que emerge de varios factores.

Abanico parlamentario

En primer lugar, su polifonía. Nunca antes el Congreso había acogido tal cantidad de formaciones representando a los ciudadanos. Nunca antes 21 partidos distintos habían coincidido a la vez en la Cámara Baja de las Cortes Generales, el órgano que representa al pueblo.

Si el Congreso de los Diputados es un reflejo de la sociedad española, asistimos a un reflejo con un abanico de aromas mucho más matizado.

Calendario

El segundo aspecto que marca la singularidad de este debate es el calendario. A lo largo de un año con un gobierno en funciones (que paradójicamente implica que no es totalmente funcional) hemos asistido a dos elecciones generales, elecciones que por lo general se celebran una media de cada 4 años. La frecuencia de elecciones generales se ha multiplicado por 8 en un año. Esto es extremadamente irregular y responde a las convulsiones políticas que vienen sucediéndose en el panorama social y político español de los últimos años, especialmente el territorial, que responde al identitario. Eso nos lleva al siguiente aspecto.

El Tema

Cada legislatura parece tener su tema principal dentro del marco general. Hemos visto cómo el tema central era en alguna ocasión la economía, en algún otro el encaje del estado en organismos supranacionales como la Unión Europea o la OTAN, también el papel de España en conflictos internacionales… Sin embargo, casi siempre con un protagonismo de un alcance principal pero, por decirlo de algún modo, no tan protagonista como el actual: el identitario y territorial. Porque este tema ha empujado a una reflexión sobre la definición de lo que es el propio estado español. Quizás solo una vez antes el tema principal fue de tanto calado, el primero de todos, aquél en el que se estrenaba la democracia como forma de gobierno tras décadas de dictadura, que formó parte del periodo conocido como “la transición”. E incluso en ese, el tema identitario fue de gran importancia dentro del conglomerado de ingredientes que lo conformaban.

El de esta legislatura ha sido el causante de que el anterior intento de investidura fracasara y empujara a una nueva convocatoria electoral, a la que antes referimos.

¿Capachau?

Explicarlo requiere extenderse un poco, pues han coincidido varios factores, pero merece la pena explicarlo para entender qué ha pasado y por qué estamos donde estamos.

Durante el gobierno de Zapatero, el tema de la autonomía de las distintas regiones que se reconocían en la Constitución Española desembocó en una actualización del estatuto de una de las autonomías más reconocibles dentro del estado: la catalana.

Sin tratarse de la más especial de todas, pues las hay con aspectos culturales que marcan aún más diferencia respecto a la media de aspectos identitarios dentro del marco español, como la Vasca, llegado el turno de la catalana, cuyas diferencias venían arrastrándose desde hacía siglos pero que en el momento iban más o menos encarriladas, se cayó en un error que marcaría la evolución política desde entonces.

Tras aprobarse un estatuto de autonomía refrendado en un referéndum en Catalunya, el partido de la oposición intentó una estrategia electoral que rompería la convivencia entre las distintas nacionalidades del estado español. Mariano Rajoy Brey, entonces al frente del Partido Popular, llevó el “Estatut d’Autonomia” al Tribunal Constitucional siguiendo una maniobra electoral basada en el “divide y vencerás”, la magnitud de cuyas consecuencias a largo plazo, torpemente, no supo (o no quiso) calcular debidamente.

Para que la jugada fuera eficaz electoralmente, debía calar en los ciudadanos. En esa época se aprendió a hilar fino en la manipulación de las noticias. Así, por ejemplo, cuando el presidente del principal partido de la oposición presentó la cantidad de firmas necesaria para solicitar la revisión del texto en el Constitucional, lo hizo usando varias camionetas para trasladar las firmas (y que se vieran en la fotografía que copó los medios). En realidad, todas esas firmas cabían en una caja de tamaño medio. Lección aprendida. Exagerar. Dirigir la vista hacia donde quieres.

Tras aceptar a trámite la petición, el Tribunal Constitucional destripó el estatut y lo recortó hasta que su parecido final con el que había sido votado por los ciudadanos era puramente testimonial.

Siendo las comparaciones odiosas, al Estatut d’Autonomia de Catalunya le habían recortado competencias que, sin embargo, los estatutos de otras comunidades sí tenían reconocidas.

Hubiera bastado dejarlo como estaba para mantener una cierta concordia, pero terminó sembrándose la semilla de la discordia. Muchos ciudadanos catalanes se sintieron, con razón, despreciados. ¿Por qué ellos no podían gozar de competencias que otros sí? ¿Valían menos? ¿Eran ciudadanos de segunda? Eso era lo que se les había dado a entender. Y empezó a crecer la idea de recuperar una solución alternativa: Si Catalunya no tenía en España el mismo encaje que otras Comunidades autónomas, y no lo tenía por ser menospreciada, mejor no formar parte de ese estado. Y la conformidad con un Estatut de Autonomia a modo de seña de existencia como nación, se tornó en una creciente ansia de independencia.

A lo largo de los siguientes años, y de forma independiente al gobierno de la Generalitat, los ciudadanos fueron convocando manifestaciones cada 11 de septiembre que batían récords de asistencia y espectacularidad respecto a los años anteriores. Al final, al gobierno de la Generalitat de Catalunya no le quedó más remedio que recoger el testimonio de los ciudadanos y tomar cartas en el asunto. Empezaba el fenómeno conocido como “Procés”.

A lo largo de esos años, los casos de corrupción tanto en España como en Catalunya empezaron a aflorar como setas tras un lluvioso día de otoño. Sin embargo, el sistema goebblesiano de control de los medios, como se dijo antes, se había sofisticado más en el estado español que en Catalunya. La herencia de la precedente crisis económica ayudó en gran medida a ello. Tras la grave recesión, las empresas privadas estaban más preocupadas en recuperarse que en invertir en publicidad. Con ese panorama, el estado español acudió al rescate de los medios convirtiéndose en un importante anunciante: La prensa estaba comprada.

Se empezó a distorsionar la realidad focalizándose en los casos de corrupción en Cataluña y mezclándolos con la política catalana en general. El estado español pisó el acelerador en ese sentido.

Uno de los ejemplos más ilustrativos lo presenta el episodio en el que lo que se conoce como “las cloacas del estado”, en este caso protagonizadas por el entonces Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, conspiró junto al jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para fabricar casos de corrupción contra líderes catalanes independentistas. De ese episodio, que trascendió a la luz casi por casualidad, se hizo pública la famosa frase del exministro “Esto fiscalía te lo afina”.

Refiero este episodio porque gracias a él confirmamos, además, algo que aunque se sospechaba no había tomado cuerpo de forma tan material: La necesaria separación de poderes no era la que nos habían hecho creer y la corrupción ya se tejía entre distintas instituciones, tomando la forma de una organización mafiosa.

Pero con los medios controlados, ecualizando el volumen de unas y otras noticias, la opinión pública se podía mantener más o menos domesticada.

Con todo ello, y gracias a la fuerza que ya iban tomando las redes sociales, los medios electrónicos empezaron a sustituir, aunque solo parcialmente en un principio, las corrientes de opinión con la actividad de los ciudadanos, quienes pasaron de tener un papel solamente pasivo a ser a la vez consumidores y productores de información. Eso rompía los límites del marco informativo de los medios clásicos, pero era un arma de doble filo. Sin un control eficaz de la veracidad de la información, estalló el fenómeno actualmente conocido como fake news que, al tratarse de un fenómeno catalizado por los medios electrónicos, afectaría no solo a la política española sino a la de todo el mundo siendo, por ejemplo, gracias a un metódico control de las noticias y los perfiles de sus receptores, la herramienta que encumbró a Donald Trump nada menos que a la presidencia de los Estados Unidos.

Todo esto ha desembocado en la situación actual, en la que hay muchas más opiniones, muchos más partidos y, puesto que ahora el control de los jueces y los medios recae en mayor parte en manos de lo que llamamos “la derecha”, esta ha podido insuflar más oxígeno a sus enfoques.

Sin embargo, los actuales algoritmos de las redes sociales, aún por perfeccionar, tienden a radicalizar opiniones. Eso se debe a que estos se basan en el principio de que si te gusta algo, lo que sea, existe mayor probabilidad de que te guste más lo que se le parece que lo que no se le parece. Tiene sentido. Y eso es lo que las redes y los buscadores te plantan preferentemente en las narices. En forma de publicidad, de noticias, o de resultados de búsqueda.

En la realidad, eso significa que un punto de vista, aunque sea un disparate, se verá reforzado al ofrecerte los medios electrónicos un input de información que lo respalde, que se le parezca. Y al ser la derecha la que, por lo general y con excepciones, disfruta de mayor respaldo económico, sus ideas han terminado siendo las más radicalizadas. Y ahí empiezan los problemas.

Con un argumentario mucho más simplista y menos analítico, mucho más emocional, mucho menos racional, y a falta de espíritu crítico, los cuatro conceptos alimentados por el capital se decantan hacia el extremo y aparece un monstruo como VOX, que se estrena con nada menos que con 52 diputados. No está nada mal para estrenarse.

En el otro lado tenemos las ideas que no han sido artificialmente alimentadas por el capital. Esas se polarizan menos y ahí tenemos un abanico más amplio, más repartido y, al mezclarse más unas noticias con otras, ofreciendo más posibilidad de contrastar puntos de vista, se conforma un perfil sensiblemente más analítico, menos dogmático.

Este fin de semana pasado y a vísperas de reyes, asistimos a un debate de investidura dibujado bajo este panorama.

Tras los abucheos al diputado catalán Jaume Alonso-Cuevillas por prometer su cargo en catalán y “con el permiso de la Junta Electoral Central”, se dió paso a Pablo Casado, al frente del PP, que iniciaba el debate de investidura con una amenaza: Si Pedro Sánchez no hacía lo que él consideraba que tenía que hacer, le echaría los jueces encima. Es el fiel reflejo de lo que pasa cuando se judicializa la política sin consecuencias.

El rifirrafe entre los líderes de los dos partidos mayoritarios para ver quién tenía la chorra más grande incluyó expresiones bastante duras. Muchos llegaron a pensar que si Casado se presentaba de esa guisa, Abascal iba a tener que comparecer pegando tiros al techo.

No lo hizo.

Cuando le tocó el turno, la aportación del líder de VOX al debate no pasó de repetir los mantras simplistas y amenazantes a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados. Reflejaba bastante fielmente lo que decía antes de la radicalización de la derecha. Nada analítica, simplista, la propia de un dogmático.

Entonces le llegó el turno a Pablo Iglesias. Ahí empezó a aflorar un atisbo de madurez política. A diferencia de los anteriores, Iglesias mostraba un carácter dialogante, invitando al entendimiento antes que a la confrontación. Llegó a poner en valor el trabajo de aquellos con los que no coincidía ideológicamente pero que habían mostrado, al menos, un esfuerzo por aventar el diálogo y el entendimiento. Fue el primero en exhibir como argumentos aquello que salía de su materia gris en vez de la entrepierna. Y es que es notable la diferencia que existe entre los discursos alimentados por el capital frente a aquellos alimentados por el estudio y el análisis.

Llegados a este punto y para disipar dudas que pudieran surgir, quisiera aclarar que el que suscribe estas líneas no es votante de ninguno de los tres. Solo pretendo analizar la diferencia entre unos discursos y otros, pues reflejan las posturas de sus oradores, de sus formaciones, y de aquello que los ha conformado como tales, que es la perorata tal vez demasiado larga con la que he abierto este artículo. Lo que quiero defender no es una formación, ni tan siquiera una postura política. Quiero enfatizar la importancia que tiene en política dar valor a la cordura y al análisis frente a los dogmas y las ideologías, porque lamentablemente parece que a estas últimas se les da más importancia, y eso no debería ser así. No debería costar demasiado aceptar que, cuando de gobernar se trata, el conocimiento debe anteponerse a los prejuicios. Solo eso.

Llegado a este punto y para no extenderme demasiado, me centraré solo en lo que creo que fue más importante en vez de hacer una suerte de crónica del debate.
No es un secreto para nadie que el tema de la independencia de Catalunya fue el centro de atención. Dejando de lado los reproches por políticas y declaraciones pasadas, se esgrimieron esencialemente la unidad de España y el derecho de autodeterminación.

El primero tuvo miga, pues llevó incluso al PRC a cambiar su intención de voto. Lo hizo, o así lo expresó, bajo el pretexto del rechazo a que Sánchez negociara con un partido declaradamente independentista. Lo hizo a pesar de que para ello tuvo que incumplir un pacto previamente acordado con el PSOE. Y eso es grave. Es grave porque aunque es legítimo cambiar de opinión, romper pactos es lo contrario a una garatía de estabilidad. Y cuando de gobernar se trata, la estabilidad no es tema baladí, y menos en el contexto actual.

Otra vez para despejar dudas, quiero aclarar que quien escribe esto votó por un partido que no solo no apoyó la investidura, sino que votó en contra.

Sigo.

Sí transmitió estabilidad el líder de ERC, Gabriel Rufián. Y no lo hizo apoyando la investidura sino que lo hizo con una abstención que permitía que esta siguiera adelante. Con condiciones, claro está. Condiciones para una abstención. No está tan mal. Creo que podía estar incluso mejor, aprovechando el temblor de los cimientos de la gobernabilidad del estado para alcanzar los objetivos expuestos por su partido con mayores garantías, pero no está tan mal.

Quien sí esgrimió la ausencia de garantías para justificar su voto, negativo, fue Laura Borràs, del partido también independentista JxC. Y con mucho sentido. Previamente a los acuerdos alcanzados ahora por ERC, Sánchez ya había pactado acuerdos similares, si bien no exactamente iguales, un año antes en Pedralbes. El pacto quedó en nada, motivo suficiente para desconfiar de la palabra del candidato. Y eso es importante y de gran valor. Ya iba siendo hora de que la falta de honestidad, de que la ausencia de confianza, de que la falta de palabra, pase factura en política.

Hubo una graciosa y peligrosa nota de salida de guión protagonizada por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que votó en contra de lo que imponía su disciplina de partido. Hizo, en esencia, con su partido, lo que el PRC hizo con su pacto con el PSOE, un acto de traición. Estos actos minan la confianza y, con ella, la estabilidad. Ambos dijeron hacerlo por la patria, algo de lo que tomar nota.

Y aquí entramos en un punto interesante, porque mucho de este asunto gira en torno a él. ¿Qué es la Patria? ¿Qué es España?

Se pudieron oír un par de reflexiones interesantes al respecto.

Una de baste interés se preguntaba hasta qué punto España era más una cuestión de Kilómetros cuadrados que de identidades o derechos. Otra clamaba que la España real era el joven que invierte el 90% de su sueldo para pagar la vivienda más que las cuatro pulseritas rojigualdas que muchos vestían. Cabe pensar en ello.

Haciendo oídos sordos a estos interesantes aspectos y echando por tierra la oportunidad de adentrarse más en ellos, el domingo una gruesa representación de la derecha volvió al discurso de la unidad sin plantearse los principios identitarios o cuanto menos realmente importantes de aquel ente que hay que gobernar. Ya expliqué antes el porqué de esta perspectiva. Una lástima. En realidad fue un domingo bastante lamentable.

Termino. Yo quería analizar más en profundidad las intervenciones, sus trasfondos y lo que se puede extraer de ellas, pero no da espacio para tanto.

En el próximo artículo, tal vez aprovechando la segunda ronda del debate de investidura (pues en esta primera, ya se previó, no iba a salir investido el candidato), analizaremos más a fondo las intervenciones y aspectos más amenos del debate, que haylos.

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